Diputados aprobó la ley que obliga a realizar el narcotest a funcionarios de los tres poderes del Estado

Tras el decreto firmado por el gobernador Claudio Poggi para que funcionarios del Ejecutivo se sometan a exámenes toxicológicos, la Cámara de Diputados retomó el debate del proyecto y le otorgó media sanción.

Concretamente pretende avanzar en pruebas de narcotest anuales, obligatorios y aleatorios destinados a los cargos jerárquicos de los tres poderes. También en sanciones que parten desde licencias hasta la destitución, aunque dependerá de las reglamentaciones y cómo lo aplica cada uno.

La iniciativa fue votada de manera unánime por Cambia San Luis-UCR, Acuerdo por el Interior Sanluiseño y también el bloque albertista de Unión Por San Luis, aunque con fuertes y serios reparos de este último.

Fue tratado sobre tablas luego de que tres comisiones le dieran un dictamen por mayoría (Seguridad Pública, Asuntos Constitucionales y de Salud). Finalmente, la votación culminó con 38 votos a favor y ahora el debate se trasladará al Senado.

El proyecto “Ejemplaridad y Coherencia por parte de los Poderes Públicos de la Provincia” apunta a controles con el objetivo de detectar sustancias psicotrópicas ilegales mientras la persona ejerza la función pública.

Dentro de la órbita del Gobierno serán sometidos miembros del Gabinete provincial, desde el gobernador hasta jefes de áreas y agentes que por “disposición legal o reglamentaria ejerzan funciones de jerarquía”.

Lo mismo sucede con el jefe y subjefe de la Policía, el director del Servicio Penitenciario, funcionarios de organismos descentralizados y desconcentrados, de Sociedades del Estado y de Sociedades Anónimas con participación mayoritaria del Estado (Sapen).

En el caso de la Legislatura lo harán los diputados y senadores junto a las mesas directivas de ambas Cámaras; en la Justicia, los magistrados y funcionarios judiciales. Y se le suman el defensor del Pueblo, el defensor adjunto y el Tribunal de Cuentas.

La norma se inscribe en la lucha contra el narcotráfico. De acuerdo a los fundamentos, “el Estado, a través de sus representantes, debe dar a la sociedad un ejemplo inequívoco de congruencia, que no dé espacio a grises”.

“Es por ello que proponemos tomar las riendas de la lucha y garantizar que el narcotráfico no formará parte de los eslabones políticos de gobierno. Todos los funcionarios públicos que actúan en niveles de decisión, deben ser coherentes en esta batalla; es por eso que el presente proyecto de Ley no se dirige a un solo poder del Estado, sino a todos”, reza entre los argumentos.

La diputada de CSL-UCR, Marisa Patafio, defendió el proyecto en el recinto en su condición de autora. En la intervención aseguró que “necesitamos funcionarios aptos y sanos, para cumplir su función debidamente”.

“Está direccionado a evitar que el consumo de sustancias ilegales se instale en quienes están ejerciendo cargos de nivel político, cuyo accionar debe estar exento de cualquier condicionamiento y actuar en plenitud de sus capacidades para tomar las decisiones que afectan a la vida de sus conciudadanos de manera absolutamente responsable y transparente. No se puede combatir algo cuando de alguna manera se está involucrado”, dijo y en otro momento expresó: “Se debe dar un ejemplo inequívoco de congruencia”.

A lo largo de la fundamentación, explicó que la razón de no tratar el proyecto la semana pasada (propuesta de la oposición) radicó en que el proyecto tuvo modificaciones y se iba a considerar el original.

A su vez ofreció cifras contundentes sobre el narcotráfico y el avance en la provincia. Dijo que en el primer semestre de 2024 se incautaron 44.573 gramos de marihuana (aumento del 68%) y 5938 de cocaína (una suba del 69%).

“Esto pone en manifiesto la lucha del Gobierno contra el narcotráfico. Estamos convencidos que el proyecto va en esa dirección, ya que, si se disminuye la demanda del comercio, se disminuye la oferta”, puntualizó y agregó que “es hora de tomar las riendas y empezar por casa, garantizando que el narcotráfico no formará parte de los eslabones políticos del Gobierno”.

“Creemos que todos los funcionarios públicos que actúan en niveles de decisión deben ser coherentes con la batalla”, aseveró.

Otro punto que abordó es el debate de la vida privada de los funcionarios. Utilizó el fallo Kimel para sostener sus argumentos y señaló que el “umbral no se asienta en la integridad del sujeto sino del interés público de las actividades que realizan”.

“El uso problemático del uso de sustancias psicoadictivas ha demostrado tener efectos negativos sobre el sistema nervioso central afectando la capacidad de juicio”, manifestó.

Y añadió: “Sostenemos que la ejemplaridad es fundamental en aquellos que están en la función de legislar, juzgar y ejecutar políticas. No se puede combatir algo cuando de alguna manera se está involucrado”.

Las sanciones merecen un párrafo aparte debido a que serán los poderes serán los que definan la autoridad de aplicación, los mecanismos de abordaje integral ante el consumo problemático y definirán si corresponde el otorgamiento de licencias, las suspensiones hasta su recuperación o el cese de sus funciones.

Además, serán preservados los datos sensibles tal como los resultados de los exámenes. La iniciativa invita, por otra parte, a que los municipios se adhieran y se sumen a los controles.

Las críticas más duras provinieron del ultraalbertista, Federico Berardo (UxSL). Afirmó que el bloque que responde a Alberto Rodríguez Saá acompaña, pero formuló una andanada de cuestionamientos.

Dijo que se trataba de una “venta de humo” y que el proyecto era “malo”: “No peleamos contra el narcotráfico sancionando la ley. Entre otras cosas plantea y habla de drogas ilegales, cuándo sabemos que el problema no son solo drogas ilegales, sino que hay un universo de narcotráfico de drogas legales”.

La exposición frente a la sociedad fue igualmente mencionada por Berardo. “Hablamos de una persona enferma que potencialmente la vamos a acribillar en las redes sociales, le vamos a poner un arma en la mano”, relató.

Si bien dijo que su bloque acompañaba, Berardo al final se levantó y no votó.

Silvia Sosa Araujo vaticinó que “no se va a aplicar la ley”. Sonia Delarco y Gloria Petrino, fueron otras voces críticas.

Mientras, Carlos “Charly” Pereira (CSL-UCR) calificó a la norma como “icónica” y “trascendente” para el derecho parlamentario y repasó el aumento del narcotráfico durante los últimos años. Mostró que San Luis se ubicó en la sexta posición en 2023 en relación a las jurisdicciones con más delitos contra la ley de estupefacientes. Se registró la cifra más alta en 20 años.

Recordó la frase de Claudio Poggi cuando dijo que “San Luis no va a convertirse en Rosario”: “Quiso decir que no va a transformarse en un narcoestado o al menos que no iba a tener una lógica narco”.

“Al menos yo sí tengo evidencia que la lógica narco infectó el poder político de San Luis en los últimos años e infectó también a parte del Poder Judicial”, dijo el legislador disparando contra el Gobierno de Alberto Rodríguez Saá.

“Presumo que la ley de narcomenudeo que se sancionó acá y que nosotros nos abstuvimos, tenía que ver con una vocación del poder político de manejar el negocio minorista, de tener el control político”, siguió.

Al mismo tiempo aseveró que fiscales le confirmaron que “San Luis logró llegar a ser un nodo logístico de tráfico y distribución de droga y luego se terminó convirtiendo en un nodo de consumo”.

Indicó que las políticas implementadas en la gestión anterior “desatendían la realidad evidente” de las calles.

“La verdad, que entre la estigmatización de un funcionario eventual y la posibilidad de que la sociedad vuelva a tener confianza en el servicio público, elijo que la sociedad vuelva a tener confianza en el servicio público”, consideró.

También mencionó el caso de una funcionaria albertista y candidata del kirchnerismo puntano (María Sol Uría) que fue encontrada en una fiesta VIP en plena pandemia con drogas en la Ciudad de Buenos Aires.

“La bajaron de la lista, pero siguió como funcionaria. Acompañan pero con tantos peros que se torna sospechosos. Advierto cinismo en la vocación de acompañar la ley, porque no han sido ejemplares en lucha contra el narcotráfico”, cuestionó.

“Si nosotros eventualmente a esta ley la implementamos mal, no los van reprochar, pero estamos en un estado de derecho en el cual un empleado público, funcionario que se sienta agraviado y conculcado su derecho la intimidad, saludo o la privacidad, tendrá los recursos jurídicos necesarios para defenderse. Pero necesitamos que ese estado no esté colonizado por el poder narco”, remató y dijo que la propuesta es un punto de inflexión.

Por otra parte, Gabriela Mansilla (CSL-UCR) se sumó a la crítica a la postura adoptada por el albertismo y preguntó: “Nosotros somos un eslabón pequeño, pero sumamente importante, y ¿nosotros a no vamos a dar el ejemplo? ¿A qué le tenemos miedo?”.

Eugenia Gallardo, presidenta del interbloque CSL-UCR puso en valor la labor legislativa y la función pública. “No somos solamente padres de familia ni trabajadores de un emprendimiento, somos legisladores. Y en el momento que nosotros decidimos serlo, que un juez o el gobernador decide postularse para ese cargo, deja de ser una persona con los mismos derechos y las mismas obligaciones que cualquier otra persona.

“Somos funcionarios públicos y nuestras obligaciones son superiores”, añadió.